Con 6.5 millones de habitantes, Honduras figura entre los países más pobres de América Latina, con 80 por ciento de su población debatiéndose en la mera subsistencia. Pero a más de la pobreza "en sí" de 1998 al 30 de abril de 2003, un mil 818 niños y jóvenes que viven en la calle han sido asesinados por escuadrones de la muerte. En febrero hubo dos masacres de niños y jóvenes. Los cuerpos de tres muchachas fueron encontrados por la mañana en Puerto Escondido, barrio de San Pedro Sula.

Dos de las niñas, de 15 y 18 años, fueron violadas; la tercera no fue identificada. La segunda masacre de tres jóvenes también ocurrió en esta ciudad. Dos hermanos de 18 y 17 años y otro joven de 16 dormían en una casucha de madera cuando de repente unos hombres armados derrumbaron la puerta y acribillaron a los muchachos.

De acuerdo con la organización no gubernamental Casa Alianza, 549 menores fueron asesinados en 2002 y en una ocasión se encontró el cuerpo de un niño en el que habían escrito: "limpiando la ciudad“. El porcentaje más alto de los asesinatos ocurrió en Tegucigalpa con 43 por ciento; San Pedro Sula, 39 por ciento, y los homicidios restantes tuvieron lugar en las ciudades de El Progreso, Yoro, La Ceiba, Lima, Pespire, Choluteca y Villanueva.

Muchos de los jóvenes asesinados se habían fugado de sus hogares y unido a pandillas como la Mara-18 y Mara Salvatrucha, integradas por unos 100 mil miembros, según fuentes del Congreso. El problema de estos jóvenes adquirió magnitudes dramáticas a principios de abril pasado, cuando miembros de la Mara-18 recluidos en el penal de La Ceiba, 400 kilómetros al norte de la capital, protagonizaron un motín que desembocó en la muerte de 69 personas, en su mayoría internos.

A nadie le conmueve que un niño o joven muera porque los catalogan inmediatamente como un marero o pandillero que merece morir. Por su lado, los medios contribuyen a la insensibilidad social, pues en casi todos los casos informan que los niños y niñas asesinados fueron miembros de una pandilla, sin explicar cómo llegaron a esta conclusión. En un esfuerzo para proteger sus barrios y afrontar la falta de policía, la gente ha organizado Comités de Vigilancia y Policía de Cuadra. El fiscal ha presentado cargos contra muchos adultos de estos grupos que les acusan de detenciones ilegales y prácticas excesivas. El gobierno del presidente Ricardo Maduro actúa a la defensiva, pero aunque ha reconocido estos crímenes y conformado una unidad especial de investigación, no hay resultados tangibles.

El 6 de junio pasado, en la ciudad de El Progreso y Oro, al norte de Honduras, dos niños jugaban con una bicicleta en la calle. Eran José Luis Hernández de 14 años y Oscar Miguel Medina, de 13. Fueron secuestrados por un grupo que los montó a bordo de un coche y aparecieron más tarde ejecutados con un picahielos y los penes cercenados.

La organización no gubernamental Compartir ha documentado más de mil 500 casos de ejecuciones y acusa al gobierno de ser indiferente a los crímenes: 23 por ciento de las muertes se atribuye a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y a los Comités de Seguridad Ciudadana.

Se sospecha que estos grupos, formados por el Ministerio de Seguridad hondureño, son en realidad paramilitares, según Gustavo Zelaya, coordinador del programa de apoyo legal de los niños Casa Alianza.

Mientras el número de niños y jóvenes asesinados crece día a día, las autoridades declaran que no tienen personal suficiente para investigar los crímenes. Sin embargo, en su afán de complacer a Estados Unidos, Honduras decidió enviar tropas a Irak. El primer contingente fue de 150 soldados, número que podría ascender a 370, anunció el coronel Rafael Moreno, vocero de las Fuerzas Armadas. ¿Solución para los niños hondureños de la calle?